Por Colombia y como único representante, la Universidad Francisco de Paula Santander a través del Grupo de Investigación Jurídico Comercial y Fronterizo del Programa de Derecho, logró ser elegido como uno de los integrantes del Observatorio de Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia – OCCA, junto a pares de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Nicaragua, México y Paraguay.

El proyecto latinoamericano de carácter académico es del Centro de Estudios de Justica de las Américas - CEJA, que tiene como propósito recolectar información sobre los distintos tipos de conflictos civiles que las personas experimentan en su vida cotidiana, así como las barreras que existen para resolverlos.

Eduardo Gabriel Osorio Sánchez, docente del Programa, indicó que el Grupo de Investigación - UFPS, luego de atender una convocatoria y cumplir con los términos y condiciones quedó entre los ocho observatorios locales seleccionados y tendrá la tarea de recopilar información, según metodologías de producción y análisis de información diseñadas por CEJA.

“Uno de los objetivos es monitorear en profundidad las características que presentan los conflictos de las personas, atendiendo a las particularidades que presentan en aquellos grupos en situación de vulnerabilidad en Colombia, por parte de dos investigadores y dos auxiliares de investigación, integrantes UFPS”.

Explicó que el CEJA, es de un organismo académico, especializado en el estudio del derecho y acceso a la justicia que hace parte de la Organización de Estados Americanos OEA, “se van a estudiar unos casos específicos, y como esta conflictividad encuentra ciertas barreras cuando las personas quieren acceder a la administración de justicia”.

Metodología de trabajo

Una primera parte es general, observar la conflictividad que se presenta en unos ámbitos específicos: salud, vivienda, consumo, cobranza de deudas, relaciones familiares, negligencias médicas, incumplimiento de contratos, entre otros, para luego una revisión documental.

“Vamos a escoger unos grupos específicos, entre ellos integrantes de la comunidad LGBTI, colectivo de mujeres víctimas de la violencia y población víctima del conflicto armado interno. Es observar cómo esa conflictividad en líneas generales se presenta en el país y se presenta en cada uno.  Qué barreras y obstáculos presentan estos grupos al momento del acceso a la administración de justicia”, indicó el docente Eduardo Osorio.

La observación es un año, de acuerdo a un calendario establecido en tiempos determinados de los ámbitos a observar.

Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia

Fanny Patricia Niño Hernández, docente del Programa e investigadora UFPS, indicó que la información generada permitirá analizar las problemáticas de acceso a la justicia y concientizar sobre la necesidad de reformas en esa materia, “vamos a identificar qué alternativas públicas y privadas existen para la solución de los conflictos en el país y analizar cuáles son las más efectivas para la ciudadanía”.

Sostuvo que esta iniciativa se convierte en un proyecto pionero, por qué en Latinoamérica se han realizado encuestas y consultas sobre el acceso a la justicia, pero ha sido solo de percepción, “en este tema no se ha encontrado un tipo de investigación similar, entonces nos parece interesante ya que nos acercamos más a la realidad del conflicto como tal”.

Los ocho “observatorios locales” estarán encargados de recolectar información, según metodologías de producción y análisis de información diseñadas por el CEJA. Se generará así una red dinámica con organizaciones sociales que trabajan temas de justicia con el objetivo de producir información simple, estratégica y de alto impacto social sobre la conflictividad civil y el acceso a la justicia en América Latina. La información generada permitirá analizar las problemáticas de acceso a la justicia y concientizar sobre la necesidad de reformas en esa materia.

Los docentes investigadores explicaron que con la información levantada en cada país y en la región, se podrán proponer ideas que permitan dirigir y mejorar para las políticas públicas en materia de resolución de los conflictos civiles, tales como problemas de arriendo, vecinales, familiares, entre muchos otros.

Las  otras sin instituciones seleccionadas fueron: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia ACIJ, de Argentina;  Grupo de Investigación de Derechos Fundamentales de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), Brasil; Programa de Gestión y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), de Chile; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), de El Salvador; Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PDUH-UNAM), de México; Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Politécnica de Nicaragua (ICEJP- UPOLI), de  Nicaragua y el Centro de Estudios Judiciales, (CEJ), Paraguay