En el marco de los objetivos misionales de extensión, el Consultorio Jurídico de la Universidad Francisco de Paula Santander viene trabajando en el asesoramiento y el salvaguardar los derechos jurídicos y de acceso a la justicia de personas y grupos vulnerables de la región.

En cumplimiento de este deber, la unidad académico administrativa de la UFPS a través del área de Derecho Público logró en los últimos meses garantizar los derechos legales de la comunidad en dos casos jurídicos: el puente hamaca del municipio de Salazar de las Palmas y la falta de transporte escolar para una menor con capacidades limitadas de la ciudad de Cúcuta; además el trámite del proceso legal que determina la creación y mejoramiento de los accesos peatonales para las personas con capacidades limitadas en diferentes puentes peatonales y vehiculares de la ciudad.

Carlos Humberto Sánchez Daza, director del área de Derecho Público del Consultorio Jurídico, resaltó que a partir de estos procesos se busca que personas en situación de vulnerabilidad tanto en la ciudad como en el Departamento tengan algún tipo de protección jurídica respecto a aspectos fundamentales para la vida del ser humano.

“A través de esta clínica jurídica estamos en constante estudio de las problemáticas sociales, mirando hacia dónde se pueden dirigir acciones judiciales que impacten positivamente a las familias de la región, en aspectos como educación, religión y bienestar social”, destacó el docente.

Acciones jurídicas

Respecto al caso del puente hamaca que conecta al municipio de Salazar de las Palmas con Gramalote, el día 6 de mayo del 2022, el Juzgado décimo administrativo del Circuito judicial de Cúcuta, profirió fallo de primera instancia tutelando los derechos de los accionantes. Ante la impugnación presentada por la Alcaldía de Salazar de Las Palmas, el expediente se remite al Tribunal Contencioso administrativo de Norte de Santander, el cual si bien modifica el fallo en el sentido de ampliar le termino para su ejecución, confirma la protección de los derechos fundamentales y ratifica la orden de construir un puente que asegure el transito seguro de la población.

Otro caso importante, en el cual se tuvo un resultado positivo fue la investigación sobre el caso de una menor cuya madre cabeza de familia no podía ejercer ninguna actividad laboral en razón a la condición de la menor la cual demanda atención constante e ininterrumpida, lo que iba a implicar que la menor abandonara el colegio. La investigación judicial adelantada por el consultorio arrojó que efectivamente la administración municipal debe suministrar transporte escolar de ida y vuelta desde su residencia hasta la institución educativa y por ello, se obtuvo fallo favorable del Juzgado Cuarto Civil municipal de Cúcuta, y en consecuencia tutela los derechos de la menor Saray Gabriela Carrillo Medelo.