50 estudiantes del programa de Derecho, 6 profesionales externos a la Universidad, y algunos miembros de juntas de acción comunal de la ciudad, obtuvieron el título del Diplomado en Resolución Alternativa de Conflictos, iniciativa liderada por la Universidad Francisco de Paula Santander en convenio con el Centro de Conciliación.

Desde el pasado mes de abril y con una intensidad de 120 horas, los estudiantes abordaron a profundidad los procesos de conciliación de la Ley 640 y otras innovadoras alternativas de resolución de conflictos.

“Nuestros estudiantes ya tienen el título de conciliadores, una vez se gradúen como abogados, van a quedar como conciliadores en derecho lo que les abre un campo mayor de acción, pero más importante que eso son las competencias que adquirieron para generar de alguna manera resoluciones diferentes al proceso judicial para los distintos problemas jurídicos del día a día”, explicó Luis Eduardo Trujillo Toscano, director del programa de Derecho.

Aseveró también que es la segunda vez que se hace este Diplomado en la Institución y desde ya se trabaja para la tercera cohorte que les dará la posibilidad de participación a profesionales de otras áreas, “lo más importante de la próxima versión es que no solo será para abogados, también se abre la posibilidad para administradores de empresas y contadores públicos, incluso para los estudiantes de comercio internacional; desde ya estamos socializando con los directores de programa”.  

Los docentes orientadores del Diplomado fueron personas expertas y conciliadores en derecho autorizados por el Ministerio del Interior y de Justicia, y en su gran mayoría vinculados al Centro de Conciliación; la UFPS participó con 5 docentes expertos en técnicas de persuasión y mecanismos alternativos ante los diferentes procesos judiciales.   

Finalmente, Trujillo Toscano aseguró que con estas actividades la idea es generar una cultura de la conciliación en la que las dos partes cedan dentro de su proceso, propongan mecanismos alternativos, y no siempre se enfoquen en un proceso judicial que puede demorar entre 4 o 5 años a diferencia de un proceso de conciliación que se tramita en 15 días.